el laicismo y el regionalismo irritan a la derecha

La educación se presta a menudo a amargas confrontaciones políticas en España. La Ley Celaá*, la última reforma introducida por el gobierno socialista de turno, no es una excepción a la regla. Entre las medidas más importantes: la defensa de la educación pública, la integración paulatina de los alumnos con discapacidad en las instituciones tradicionales, la reducción de las repitencias o incluso medidas a favor de la igualdad de género en los estudios. Pero principalmente se discuten dos puntos que irritan a la oposición de derecha que apoya las diversas manifestaciones de las últimas semanas. El primero se refiere a la abolición del castellano como «lengua vehicular» de la educación, un tema muy cercano a la derecha en su lucha contra los partidos independentistas. La segunda se refiere al modelo más laico hacia el que tiende la ley. Se le da menos espacio a la religión y las medidas son tomadas por los centros concertados, instituciones privadas que reciben subsidios del gobierno. En la práctica, su acceso será más restringido y ya no podrán recibir donaciones de las familias. Las instituciones que practican la segregación sexual ya no reciben dinero público.

Para el politólogo Eduardo Bayón, las polémicas que ha suscitado esta ley son una muestra más de la profunda división política que atraviesa el país entre un gobierno socialista apoyado por partidos de izquierda y regionales, y una oposición alimentada por la extrema derecha. Mantenimiento.

Marianne: ¿Quién se beneficia de esta ley?

Eduardo Bayón: Pretende no sólo beneficiar a determinados sectores, sino también reconfigurarlos. El problema fundamental es saber si puede haber una cierta ‘redistribución’ del conocimiento entre la población de altos ingresos y la de ingresos más modestos. Otros temas vuelven a estar en el centro de atención, como el idioma o el lugar de la religión en la educación pública. Hay una falta total de acuerdo entre las partes. No hay consenso sobre estos temas, ni entre los partidos ni en la sociedad. Eventualmente se convierten en un elemento de confrontación. Esta será la octava ley diferente; cada vez que gobierna un nuevo partido, hace su propio partido. Cuando el lado opuesto llegue al poder, la ley será anulada en puntos ideológicamente controvertidos. La Ley de Educación se ha convertido en un instrumento de conflicto político.

¿Es cierto que la lengua española está «amenazada» por la reforma?

Se refiere al debate sobre la cuestión lingüística en áreas con lenguas oficiales, como Cataluña o el País Vasco. El problema es que el gobierno tuvo que hacer tratos, sobre todo con partidos nacionalistas o separatistas, y cambió la ley que redactó. Pero decir que el castellano va a desaparecer es un error. Esta es una exageración típica del debate actual. Las clases tienen derecho a impartirse en español así como en las lenguas oficiales de las administraciones.

¿Le sorprende el nivel de movilización del juez?

No, es parte del contexto político actual. Hay un alto nivel de tensión contra el gobierno, como hemos visto con la evolución de la crisis sanitaria. O con los presupuestos del Estado, que terminó en un debate sobre el terrorismo de ETA. El tono del debate político en España se aplica al de esta reforma educativa, que se ha convertido en una isla de trincheras entre el gobierno y los partidos de oposición. Hay un gobierno de centroizquierda y la posición del Partido Popular (derecha) está fuertemente determinada por la aparición de un discurso de derecha radical o extrema derecha con Vox. Estimula esa tensión aún más.

Esta agitación por la ley Celaá es, por tanto, un indicador de las rupturas en el panorama político.

todo el camino Estamos en un momento de polarización. La falta de acuerdo en los asuntos de Estado será permanente. Incluso los debates entre diputados, o en menor medida en el Senado, muestran un creciente descontrol. Sobre el formulario, las acusaciones suelen estar lejos de lo que debería ser el ideal parlamentario. Además, la moción de censura de Vox calienta el clima político. Y en la población no hay variación en cuanto a preferencias partidarias e intenciones de voto. Creo que la situación seguirá siendo bastante similar en el mediano plazo, en un ambiente tenso y polarizado.

* Lleva el nombre de la Ministra de Educación y Formación Profesional de España, Isabel Celaà, miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

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Alarico Orozco

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