Desde la muerte del general Franco en 1975, España vive el proceso de transición del antiguo régimen totalitario a un sistema democrático. La redacción de la Constitución y su aprobación en referéndum el 6 de diciembre de 1978 es la cúspide de ésta. Esta fecha es el origen de la vacaciones que lo celebra todos los años.
22 de noviembre de 1975. 48 horas después de la muerte de Franco, siguiendo la voluntad previamente expresada por el dictador, Juan Carlos I es nombrado rey de España y jefe de Estado de facto. Para gran enfado de los círculos de Franco, el Rey de España llevó al país a un monarquía constitucional democrático. El presidente del Gobierno, cercano a Franco, Carlos Arias Navarro fue destituido en julio de 1978 y sustituido por el centrista Adolfo Suárez González. Es el comienzo del período constituyente del nuevo orden español.
el nuevo parlamento
El Real Decreto 20/1977 estableció la constitución de unas Cortes Generales y Senado españolas, elegidas por sufragio universal. Las dos cámaras se asemejan a los modelos de otras democracias, reemplazando a los procuradores de Franco que eran designados por el general para promulgar leyes con poco margen de maniobra frente al ejecutivo. Al hacerlo, se autorizan los partidos políticos y se legaliza el Partido Comunista.
El 15 de junio de 1977, los ciudadanos españoles eligieron 350 diputados y 207 senadores por primera vez desde 1936. La prioridad de la cámara legislativa es redactar una constitución: el texto principal de la estructura política y jurídica del estado. España estará dirigida por un primer ministro de voto democrático que será el encargado de dirigir la política nacional. El rey, sin ningún poder ejecutivo, se convierte en jefe de estado.
Los padres de la constitución
Para ello se formó una comisión parlamentaria de «asuntos constitucionales y libertades públicas» con ocho diputados que serían los padres de la constitución: los centristas Cisneros, Pérez-Llorca, Herrero, Miñón, el catalán moderado Miquel Roca, el ex El ministro franquista y futuro fundador del Partido Popular español, Manuel Fraga Iribarne, el socialista Peces-Barba y el comunista Jordi Solé. La elección de estos hombres y sus orientaciones políticas corresponden al aire que respira la joven democracia española: no ofender a ningún sector de la sociedad.
El franquismo social y militar sigue siendo supremo en la España de 1978, cimentado por 40 años en los círculos de poder. Progresistas, socialistas y comunistas quieren participar en los asuntos públicos después de cuarenta años de silencio forzoso.
El lugar de las regiones
El gran choque entre los dos bloques será el sistema de autonomía política. El texto constitucional establece que las regiones históricas del Reino de España (Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía) pueden obtener la autonomía política a través de la denominada vía rápida, el resto de territorios que quieran acogerse a este estatuto pasarán por el camino dice lento.
El Estatuto de Autonomía es una descentralización donde el Estado central delega algunas de sus competencias en los países de la región: cultura, sanidad, política educativa, gestión turística, equipamientos y policía. Las autonomías gestionan su propio presupuesto. Todas las competencias de las autonomías deben evolucionar dentro del marco legal y constitucional español.
La polémica constitución
Estos sutiles equilibrios se han debilitado con el tiempo y la llegada de nuevas generaciones. En Madrid, la izquierda radical de Podemos, ahora en el poder en coalición con los socialistas, está desafiando al régimen actual a cambiar a una república.
La propuesta de abolir la monarquía está alimentada por los casos de corrupción del rey emérito Juan Carlos. En Barcelona, los separatistas se disputan toda la constitución que impide a Cataluña imaginar un destino soberano, ya que el texto se basa en la unidad indivisible de la nación española. En Vitoria, los regionalistas en el poder, más preocupados por la identidad vasca que por la unidad de España, reconocen poco en la constitución.
Sin cambios a corto plazo
En las últimas elecciones parlamentarias, casi el 18% de los españoles votó por la izquierda radical, partido independiente o regionalista crítico o en contra de la actual constitución. No obstante, es poco probable que la monarquía y el lugar de las regiones en España sufran grandes reformas a corto o medio plazo. Los derechistas y socialistas, acérrimos defensores del modelo actual (con sus matices específicos para cada partido), representan cerca del 70% de la masa electoral.
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