Con los brazos en alto y las manos extendidas, unas 15 personas lanzaron saludos fascistas mientras el coche fúnebre que transportaba los restos del fundador, en 1933, de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, salía del mausoleo basílica de El Valle de los Caídos, donde descansaba, a unos cincuenta kilómetros de Madrid, el lunes 24 de abril. En la capital española, frente al cementerio de San Isidro donde serían enterrados, cerca de doscientos militantes fascistas entonaron el himno nacional de Falange, el cara al sol, esperando la llegada del cortejo fúnebre. Algunos ondeaban banderas preconstitucionales marcadas con el águila franquista, aunque la nueva ley de memoria democrática prohíbe expresamente la exaltación del franquismo, el golpe de 1936 y la dictadura de Francisco Franco.

Es en virtud de esta ley, en vigor desde octubre de 2022, que el Gobierno español entregó este lunes los restos de José Antonio Primo de Rivera (1903-1936). Desde la apertura en 1959 de El Valle de los caidos, el valle de los que son «caído» – para «Dios y por España»según la costumbre de Franco- su tumba estaba en el coro de esta siniestra basílica excavada en la montaña, al pie del altar, bajo una estela inscrita con su nombre.

Entre 1975 y 2019, el dictador Franco descansó a su lado, en este enorme mausoleo coronado por una cruz de 150 metros de altura. Los dos hombres fueron homenajeados allí por nostálgicos del franquismo y militantes falangistas en misas celebradas por la comunidad benedictina que ocupa el inmueble. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez acabó con lo que calificó hace casi cuatro años«anomalía histórica» y D’«Insulto a la democracia española» e hizo exhumar los restos del dictador en octubre de 2019, para ser trasladados al panteón familiar del pequeño cementerio municipal de Pardo-Mingorrubio, cerca de Madrid. Fusilado en noviembre de 1936 en Alicante por los republicanos, el caso de Primo de Rivera fue jurídicamente más complicado de llevar.

El Valle de los caidos, rebautizado como Valle de Cuelgamuros por la nueva ley, alberga en sus criptas los restos de unas 33.000 víctimas de la guerra española, tanto republicanas como franquistas, y acabará convirtiéndose en cementerio civil y centro de la memoria que narra la historia de este lugar, construido por miles de presos políticos, por encargo de Franco, para celebrar su «cruzada gloriosa». Víctima de la Guerra Civil española, el fundador del partido único, en torno al cual se organizó el franquismo, tenía derecho legal a permanecer allí enterrado. Sin embargo, para evitar el tributo, la nueva ley ha establecido que “Los restos de los líderes del golpe militar de 1936 no pueden permanecer enterrados en un lugar destacado de acceso público, que no sea un cementerio”. El gobierno ofreció a la familia trasladar sus restos a la cripta, a lo que se negaron.

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