La ley entró en vigor el 16 de junio tras su aprobación por el Senado español.

Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Urbanismo, tiene como objetivo proteger y promover la calidad arquitectónica como bien de interés general. Prevé la creación de dos órganos para orientar la actuación de las administraciones en la consecución de sus objetivos: una Casa de Arquitectura y un Consejo para la Calidad de la Arquitectura.

En los concursos de obra pública primará la calidad de las propuestas sobre las ofertas baratas. La ley también fomenta el uso de herramientas digitales específicas en proyectos del sector público, como el modelado digital de información de construcción (BIM) o herramientas similares, así como el uso de técnicas innovadoras.

Esta ley se enmarca dentro de las iniciativas legislativas europeas para promover la eficiencia energética, las fuentes de energía renovables y combatir la pobreza energética. Prevé la aplicación del principio de “la eficiencia energética primero”, de acuerdo con la Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión Europea, de 28 de septiembre de 2021.

También se basa en iniciativas europeas destinadas a preservar y dar forma al futuro del patrimonio cultural europeo y rural, como la nueva Bauhaus europea, así como otras iniciativas que buscan promover políticas transformadoras para áreas urbanas y rurales, como las acciones desarrolladas bajo la Pacto Verde Europeo destinado a lograr una transición hacia una economía limpia y circular, reduciendo la contaminación y las emisiones y protegiendo la biodiversidad; o la estrategia “Golfo de Renovaciones” que fomenta la construcción ecológica y la rehabilitación y renovación urbana.

Desde 2011, el CSCAE tiene un papel activo de promoción y diálogo con las administraciones para la implementación de esta ley.

El Consejo de Arquitectos de Europa felicita a la comunidad arquitectónica española por este éxito. La efectividad de la ley dependerá del desarrollo de lineamientos para lograr los objetivos propuestos. Esta iniciativa debería alentar a otros estados miembros de la UE a desarrollar una legislación similar: las organizaciones que representan a la profesión de arquitecto a nivel nacional pueden desempeñar un papel catalizador en la elaboración de dicha legislación, como lo han hecho los españoles.