Mientras que la autopista entre Francia y Barcelona quedará libre este verano, España estudia un sistema de financiación para asegurar el mantenimiento de sus 12.000 kilómetros de autopistas.
El 31 de agosto de 2021 quedarán libres dos autopistas catalanas: la AP-7 entre Barcelona y Francia y la AP-2 entre Barcelona y Zaragoza. A partir del 31 de diciembre de 2021, tampoco habrá más carreteras de peaje en el reino. Un movimiento iniciado en 2018 por el gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Pero no hay alegría desproporcionada para los automovilistas, ya que rápidamente se desilusionan. En caso de que el peaje desaparezca del paisaje, España está considerando un sistema de financiación para cubrir los costes de mantenimiento de la red nacional de 26.000 km de longitud, incluidas 12.000 autopistas. Por no hablar de las cuantiosas multas que habrá que devolver a los futuros exconcesionarios, entre las que destaca los 1.300 millones de euros que Abertis recibirá este año de manos de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por la AP-7.
Si aún no se ha encontrado el método, el Gobierno español se fija en dos pilares: los que contaminan y que los usuarios paguen.
Por tanto, España podría gravar en primera instancia el modo de transporte más contaminante, pero también los usuarios de las autopistas, sin cobrar necesariamente peajes cada 200 kilómetros. Por lo tanto, se podría adoptar la idea de una viñeta.
El gobierno español se da unos meses para ultimar la ley de financiación de la movilidad y el transporte. Un texto a votar en el parlamento antes de finales de 2023 para una aplicación a principios de 2024. Mientras tanto, eso sí, para circular libremente por la autovía a Barcelona a partir del 1 de septiembre de 2021.
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