El Ministerio de Sanidad español ha comenzado a redactar un real decreto para legalizar el uso del cannabis con fines médicos.

Las regulaciones propuestas enfatizan estándares estrictos respaldados por investigaciones científicas. Según el secretario de Estado, Javier Padilla, el enfoque del ministerio se basa en recomendaciones de diversas partes interesadas, incluido el Observatorio Europeo sobre el Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), asociaciones profesionales y asociaciones científicas. El proyecto lleva varios años en marcha.

Como lo señaló proyecto de decretoel texto priorizará la seguridad del paciente y la calidad del producto. Su objetivo es establecer marcos legales para preparaciones estandarizadas de cannabis que hayan demostrado aliviar el dolor y el sufrimiento, favoreciendo la administración oral (y, por lo tanto, los aceites) para lograr una eficacia y seguridad terapéuticas óptimas.

Además, el marco regulatorio está diseñado para evolucionar dinámicamente, teniendo en cuenta nuevos conocimientos y experiencias de investigaciones en curso y resultados de los pacientes.

La participación activa de la sociedad civil es un aspecto notable del proceso regulatorio. Los ciudadanos españoles tienen la oportunidad de aportar sus puntos de vista e ideas al proceso de diseño a través de una consulta pública abierta en la página web del ministerio.

Asociaciones médicas, asociaciones de cuidados paliativos, especialistas en el manejo del dolor y varios otros actores han manifestado su acuerdo, destacando el amplio consenso sobre la necesidad de una regulación integral del cannabis medicinal en España.

El movimiento de España hacia la regulación del cannabis medicinal refleja la evolución de otros países europeos y organismos internacionales. Países como Portugal, Alemania y Noruega ya han establecido marcos regulatorios para el cannabis medicinal, reconociendo su potencial terapéutico. Además, el apoyo de autoridades sanitarias mundiales como la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas confirma la legitimidad de estos esfuerzos regulatorios.