Este anuncio se produce en un momento en el que España se ha visto sacudida por el escándalo desde la publicación a mediados de abril de un informe de la organización canadiense Citizen Lab que afirma haber identificado a 60 personas del movimiento separatista catalán cuyos teléfonos móviles fueron presuntamente hackeados entre 2017 y 2020 con el uso de Pegasus. software.
Estas revelaciones llevaron a los separatistas catalanes a amenazar con retirar el apoyo al gobierno minoritario de Sánchez, arriesgándose a que caiga antes del final de la legislatura, prevista para finales de 2023.
El asunto tomó entonces una nueva dimensión cuando el gobierno reveló a principios de mayo que Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados por el software Pegasus diseñado por la empresa israelí NSO.
Según el ejecutivo, el hackeo de los teléfonos móviles de miembros del Gobierno, incluido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es resultado de un «ataque externo». Sin embargo, varios medios españoles han informado de una posible implicación de Marruecos, con el que Madrid acaba de poner fin a una crisis diplomática de casi un año.
«Brechas de seguridad»
Debilitado por este escándalo, el ejecutivo anunció el 10 de mayo la destitución de Paz Esteban, la primera mujer en ser nombrada titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Pero los separatistas catalanes habían sentenciado que esta dimisión «no era suficiente» y exigían «explicaciones convincentes» para saber «quién sabía» de las escuchas telefónicas. “¿Por qué viene aquí a prometer un mayor control judicial del CNI, cuando quien controla el CNI es el jefe de Gobierno, entonces usted? No puede eximir a su gobierno de todo lo que ha sucedido», dijo el jueves al parlamento Gabriel Rufian, líder del partido separatista catalán ERC.
El presidente del Gobierno español también anunció la inminente aprobación de una nueva ley sobre «información clasificada», para adaptar la legislación actual -que data de 1968, es decir, durante la dictadura franquista- «en consonancia con los principios democráticos y constitucionales». Y Sánchez también instó al necesario «aumento de la capacidad de los servicios de inteligencia españoles», especialmente «ante los ataques de servicios de inteligencia hostiles».
Todas estas iniciativas «prevendrán que tales violaciones de seguridad vuelvan a ocurrir en el futuro», dijo.
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