Es un movimiento difuso pero poderoso, una revolución de bajo ruido que comenzó hace diez años y ahora se extiende a veinte países. De Ecuador a Uganda, de India a Nueva Zelanda, por vía constitucional, legislativa o jurisprudencial, los ríos, las montañas y los bosques van siendo paulatinamente reconocidos como personas jurídicas, mientras que no es la naturaleza en su conjunto -la Pachamama (Madre Tierra)- la que está promovido como sujeto de derecho. Limitado anteriormente a las regiones donde viven los pueblos indígenas, este desarrollo legal se extendió a un país europeo por primera vez el 21 de septiembre de 2022, con la votación del Senado español sobre los derechos de el Mar Menor, una laguna de agua salada a orillas del mar Mediterráneo, cerca de Murcia, España. A «primer paso importante» Que “muestra que es posible otorgar personalidad jurídica a un ecosistema en Europa”dice María Teresa Vicente Giménez, catedrática de Derecho de la Universidad de Murcia.
Este impulso internacional se refleja en varias iniciativas en Francia, a menudo llevadas a cabo por grupos de vecinos, para proclamar y defender los derechos de los ríos: el río Tavignano en Córcega, el Garona en Nueva Aquitania o el río Têt en los Pirineos Orientales. Estas afirmaciones van acompañadas de un rico editorial que examina las cuestiones jurídicas (derechos a la naturaleza, colectivo, ediciones Utopía, 2018), los fundamentos filosóficos (ser el rioSacha Bourgeois-Gironde, PUF, 2020), prórrogas políticas (El río que quería escribir. Audiencias del Parlamento del LoiraLes Liens qui liberating, 2021), o incluso analizar su eficacia, como en el trabajo en coautoría de los abogados de la asociación Notre affaires à tous (Los derechos de la naturaleza. Hacia un nuevo paradigma para la protección de la vidaLe Pommier, 2022, 468 páginas, 24 euros).
Sin embargo, este cambio se encuentra con una fuerte oposición. La idea de otorgar derechos a entidades naturales es muy debatida en los círculos jurídicos, donde los especialistas en derecho ambiental están preocupados por los riesgos y abusos que esto podría implicar. Algunos opositores no dudan en compararlo con los experimentos con animales de la Edad Media, donde se condenaba a los cerdos a la horca o se excomulgaban los gorgojos por atacar cultivos. Cuanto más matizado es:“mala respuesta a una buena pregunta”, según la fórmula del abogado y profesor de derecho ambiental Arnaud Gossement.
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