LONDRES: ¿Gran Bretaña deportará algún día a Ruanda a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a su territorio? El Gobierno británico defendió este lunes ante el Tribunal Superior de Londres esta medida emblemática de su política de lucha contra la inmigración ilegal.

Después de una audiencia de tres días en el tribunal más alto de Gran Bretaña, la decisión se pospondrá, probablemente durante varias semanas, para decidir el futuro de esta controvertida medida.

La semana pasada, el Primer Ministro Rishi Sunak insistió en la conferencia de su Partido Conservador en que haría “todo lo necesario para detener los barcos” de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha, una cuestión que ha convertido en una de sus prioridades.

El plan de expulsión de inmigrantes – vengan de donde vengan – a Ruanda, que ha sido muy criticado desde que fue anunciado hace un año y medio, sigue bloqueado por los tribunales por el momento.

Un primer vuelo fue cancelado a mediados de 2022 tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

A finales de junio, el Tribunal de Apelación de Londres dictaminó que el proyecto era «ilegal» y dictaminó que Ruanda en su forma actual no podía considerarse un «tercer país seguro».

Existe “un riesgo real de que las personas enviadas a Ruanda sean devueltas a su país de origen, donde habrán sido víctimas de persecución y otros tratos inhumanos”, concluyó el tribunal.

El gobierno apeló ante la Corte Suprema. En declaraciones a los cinco magistrados de alto rango, el abogado del Ministerio del Interior, James Eadie, aseguró el lunes que había una “necesidad urgente de tomar medidas que actúen como disuasivo” para quienes emprenden este “cruce peligroso”.

Ante el Tribunal, el abogado defendió las garantías que, según él, ofrecía el proyecto, que fue denunciado, entre otros, por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que intervino en estas actuaciones.

En sus conclusiones escritas, el ACNUR destaca que ha «planteado constantemente serias preocupaciones», subrayando que en Ruanda faltan los componentes de un «sistema de asilo accesible, fiable, justo y eficaz».

Los magistrados también escucharon al abogado de varios inmigrantes, Raza Husain. «El sistema de asilo ruandés tiene graves deficiencias», subrayó. «Se caracteriza por una flagrante injusticia y arbitrariedad».

Ruanda “encarcela, tortura y mata a quienes considera sus opositores”, afirmó este abogado.

«Extremadamente caro»

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, gran favorito para ganar las elecciones del próximo año, dijo el domingo que volvería al proyecto si se convirtiera en primer ministro.

«No es la política correcta y es extremadamente costosa», le dijo a la BBC.

El gobierno continúa endureciendo su retórica sobre la inmigración. En julio, Londres aprobó una ley que prohíbe a los inmigrantes que han llegado ilegalmente a Gran Bretaña solicitar asilo, independientemente de las razones que los llevaron a huir de su país.

La ONU denunció una ley que violaba el derecho internacional y expresó su preocupación de que “otros países, incluso en Europa” se vean tentados a seguir este camino.

En septiembre, la ministra británica del Interior, de extrema derecha, Suella Braverman, atacó la Convención de Ginebra, que define el estatus de refugiado desde 1951, y dictaminó que no estaba «adaptada a nuestros tiempos modernos». También ataca periódicamente al TEDH.

El martes pasado, en la conferencia del Partido Conservador, advirtió sobre el inminente huracán de «migrantes», acusando a la oposición laborista de querer «abrir las fronteras».

Planteó el espectro de que “millones” de inmigrantes adicionales lleguen a las costas británicas, un flujo “incontrolado e inmanejable”, a menos que el gobierno que asuma el poder el próximo año tome medidas “decisivas”.

Más de 25.000 inmigrantes han cruzado el Canal de la Mancha desde enero. El gobierno está orgulloso de que su política haya logrado provocar una disminución, después de un año récord en 2022, con más de 45.000 cruces en doce meses.