La España de Sánchez sigue buscando sus políticas de inmigración

El país acogió al Acuario con los brazos abiertos en junio y ahora está impulsando inmigrantes a Marruecos: la España de Pedro Sánchez envía señales contradictorias en materia de inmigración, hundiendo al país en el candente debate europeo.

Cuando llegó al poder el 1 de junio, el jefe del Gobierno socialista causó sensación en Europa al abrir el puerto de Valencia al Aquarius, un barco humanitario que transportaba a 630 inmigrantes y que el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini (Liga, extrema derecha) y Malta se negó a darle la bienvenida.

Al mismo tiempo, su gobierno anunció su intención de facilitar el acceso de los inmigrantes indocumentados a los centros de salud públicos y de retirar las alambradas de púas de las vallas de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, donde los inmigrantes suelen resultar heridos al intentar entrar. de Marruecos.

Una política de apertura duramente criticada por la oposición de derecha, que acusó a los socialistas de crear una inmigración ilegal «impresionante» y de favorecer a la «mafia» de los contrabandistas.

Especialmente porque España se ha convertido este verano en la primera puerta de entrada de la inmigración ilegal a Europa, con más de 32.000 llegadas desde principios de año según la OIM, más del doble que en la misma época del año pasado.

Después del Aquarius, otro barco, esta vez de la ONG Open Arms, atracó tres veces en puertos españoles antes de que el Gobierno se resistiera a volver a recibir al Aquarius a mediados de agosto, prefiriendo negociar con otros Estados. Desembarcó en Malta.

Una primera señal de cambio fue seguida a finales de agosto por el regreso a Marruecos de alrededor de un centenar de inmigrantes al día siguiente de su entrada en Ceuta en una infracción especialmente violenta de la valla, la segunda en menos de un mes.

Dos inmigrantes sospechosos de ser responsables de otra entrada violenta a finales de julio fueron puestos en prisión preventiva el miércoles.

«No permitiremos la migración violenta que ataca a nuestro país y a nuestras fuerzas del orden», justificó el miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

– Salvini jubiloso –

“El Gobierno sólo tiene razón si se retira”, se burló el número uno del Partido Popular (derecha), Pablo Casado, tras esta expulsión.

Ahora llegan críticas de la izquierda y de las ONG. Helena Maleno, figura destacada de la defensa de los inmigrantes, denunció el lunes la medida, que calificó de señal de «políticas racistas y colonialistas, un terrible punto de inflexión» de Pedro Sánchez.

“No nos hemos desviado ni un centímetro”, argumentó la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, asegurando que la política migratoria de España sigue dos principios: “el respeto a los derechos humanos y la seguridad de las fronteras.

“Supongo que querían dar ejemplo y demostrar que toman decisiones, para que no digamos que es un paraíso de entrada libre”, analiza Gemma Pinyol, investigadora especializada en migraciones, entrevistada por la AFP.

La extrema derecha en Europa ha aprovechado esta expulsión colectiva.

“¡España muestra cómo tratar con los inmigrantes ilegales!” Alice Weidel, líder del partido antiinmigración alemán AfD, se jactó en las redes sociales.

Y Matteo Salvini disfrutó de su venganza en Twitter: «Si es España la que lo hace, está bien, pero si soy yo quien lo propone, soy racista, fascista e inhumano».

Lo suficiente como para avergonzar a Pedro Sánchez. «Había dado señales de una política más coherente y ambiciosa, y esto lo contradice tanto que pierde credibilidad», dijo a la AFP la politóloga Cristina Monge.

– Mal preparado –

«Creo que rápidamente empezamos a pensar que las cosas cambiarían radicalmente» respecto al anterior gobierno de Mariano Rajoy, que no cumplió con sus obligaciones en materia de acogida de inmigrantes, opina Gemma Pinyol.

El Estado español también fue condenado por el Tribunal Supremo en julio por recibir sólo el 13 por ciento de los solicitantes de asilo que Rajoy había prometido en 2015, en plena crisis migratoria.

Según Gemma Pinyol, España estaba especialmente mal preparada para recibir inmigrantes. «Se debería haber renovado el sistema de acogida. Los centros de Ceuta y Melilla siguen saturados», afirma.

El Gobierno anunció el viernes una subvención de 18,7 millones de euros a Cruz Roja para asistencia a inmigrantes y un total de 6,4 millones de euros para la acogida de menores extranjeros no acompañados en Ceuta y Melilla.

Alarico Orozco

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